HISTORIA DEL PROCESO AUTONÓMICO
EN CANTABRIA
El largo camino hacia la autonomía
Contexto introductorio
Tras la muerte del general Franco, el 20
de noviembre de 1975, se dieron las condiciones necesarias para
la democratización de la sociedad española. Todas
las contradicciones del régimen, los conflictos interiores
y las presiones exteriores, encontraron en ello la válvula
de escape que permitió iniciar el proceso de transición
hacia la democracia en España. Y tras esos casi 40 años
de dictadura, entre los aspectos de los que nuevamente volvía
a hablarse se encontraba la cuestión territorial del estado.
Es decir, el encaje de los diferentes movimientos regionalistas
y nacionalistas que desde el siglo anterior venían defendiendo
la autonomía para sus respectivas comunidades. Tenemos
que tener en cuenta, y no perder de vista desde este momento,
que la cuestión de las autonomías se había
convertido en uno de los caballos de batalla para los sectores
liberales y democráticos de la sociedad española
que aspiraban a romper con las todavía numerosas rémoras
de la Dictadura que impedían considerar a España
como una democracia de pleno derecho. El reconocimiento de la
pluralidad interna del Estado español era un aspecto que
conllevaba el reconocimiento al autogobierno de los pueblos del
mismo y, en consecuencia, defender como un derecho fundamental
su acceso a un régimen autonómico.
En este contexto, la muerte del dictador
hace posible que la cuestión nacional y territorial de
España salga de nuevo a escena como punto imprescindible
si se quiere avanzar hacia una auténtica democratización
de la vida pública española.
De manera que, para salvar este espinoso
asunto, se decidió incluirlo dentro de la agenda de negociaciones
que condujeron a la Constitución española de 1978.
En ésta se reconocerá un complejo sistema institucional
en el que el concepto de España como nación será
combinado con el del reconocimiento de estatutos de autonomía
para todos los territorios que componen el Estado español.
Pero con una peculiaridad, el establecimiento de una distinción
bastante oscura entre estos territorios dividiéndolos en
dos categorías: regiones y nacionalidades históricas.
Una distinción que todavía hoy suscita no pocos
conflictos debido a la ambigüedad con la que fue redactada
la Constitución española (CE).
El modelo de estado que surgirá de
estos acuerdos a derecha e izquierda será bautizado como
Estado de las autonomías (tal y como reza el Título
VIII de la CE), el cual se caracteriza por organizarse como una
estructura descentralizada compuesta por 17 comunidades autónomas
(CCAA) que, a su vez, agrupan a las 50 provincias en las que se
divide el Estado español. De estas CCAA, la mayoría
de ellas hundirán sus raíces en lo que en la época
se llamó preautonomías, es decir, una serie
de entes administrativos provisionales (más simbólicos
que prácticos) establecidos entre 1976 y 1978 que, supuestamente,
pretendían reproducir las regiones en que históricamente
se dividía el Reino de España. Como veremos más
adelante, Cantabria no fue incluida entre ellas por la negativa
del Ministro de las Regiones, Clavero Arévalo, a reconocer
su carácter histórico regional tal y como exigía
la CE para las “provincias” que aspiraban a convertirse
en CCAA.
Una vez aprobada la CE en diciembre de 1978,
solo quedó pendiente que cada CCAA redactase su propio
estatuto, lo cual fue realizado por cada una de ellas entre los
años 1979 y 1983.
La división de las CCAA en las dos
categorías antes descritas (nacionalidades históricas
y regiones) respondió más a la necesidad de reconocer
la especial singularidad cultural, lingüística e histórica
de Catalunya, Galiza y Euskadi (debido a la presión que
en ese sentido ejercían los partidos nacionalistas catalanes,
gallegos y vascos) que a una aceptación auténtica
y sentida de la pluralidad española por parte del centro
español en el gobierno. Se trataba de integrar estos movimientos
en el proyecto de “normalización” de la sociedad
española que se estaba diseñando en aquellos años
para el futuro estado democrático y liberal. De aquí
viene la adopción del término nacionalidades
históricas para denominar genéricamente a aquellos
territorios que aprobaron en referéndum sus estatutos de
autonomía antes de la Guerra Civil, es decir Catalunya,
Galiza y Euskadi (aunque en este grupo terminó por integrarse
también Andalucía después del referéndum
de febrero de 1980); y el de regiones para el resto que no lo
hicieron.
Pero no hubo unanimidad entre los partidos
políticos españoles a la hora de diseñar
este esquema debido a que las reivindicaciones de autonomía
no fueron exclusivas de vascos, catalanes y gallegos, sino que
también prendieron en el resto de pueblos del Estado español:
aragoneses, valencian@s, asturian@s, castellan@s, canari@s, …
y como no, también l@s cántabr@s. En realidad, el
reconocimiento del derecho a la autonomía de todas las
“regiones” españolas fue el fruto de un acuerdo
de compromiso entre los diferentes partidos políticos a
la hora de elaborar la CE. Por un lado estaban los nacionalistas,
que pretendían que en la misma se reconociese el carácter
plurinacional de España y se garantizase, al mismo tiempo,
el autogobierno de las nacionalidades históricas (en un
Estado español federal o confederal); y por otro lado se
encontraba la derecha y el centro-derecha español (la Unión
de Centro Democrático y Alianza Popular) para los cuales
esto era inaceptable. Así, las intenciones de la UCD y
de AP no iban más allá de conceder una tímida
descentralización administrativa, mientras que los partidos
de la izquierda española (PSOE y Partido Comunista de España-Partit
Socialista Unificat de Catalunya, principalmente) apostaban por
una solución federal a la cuestión autonómica.
Finalmente, la necesidad de la UCD de pactar
con los catalanistas para consensuar la CE y descrispar la vida
política, fue el estímulo necesario que la empujó
a flexibilizar su postura (frente a la intransigencia que mantendrá
AP) generalizando el derecho a la autonomía política
y legislativa a todas las “regiones” españolas.
Si bien establecerá dos vías distintas de acceso
al autogobierno y dos niveles distintos de competencias. Los territorios
considerados como nacionalidades históricas accederán
a la autonomía por la vía rápida
del artículo 151 de la CE (Catalunya, Galiza, Euskadi y
Andalucía), que concede un grado mayor de competencias
y el reconocimiento de una singularidad cultural, mientras que
las regiones (las otras 13), lo harán por la vía
lenta del artículo 143 de la CE que asigna menos competencias
y un menor reconocimiento. Adelantamos ahora que Cantabria ingresó
en este último grupo no sin vencer antes las múltiples
trabas que se pusieron en su camino.
Aún así este esquema no se
diseñó para ser eterno e inamovible, sino para ser
revisado posteriormente con el objetivo de adecuar las grandes
diferencias de población, tamaño y estructura económica
entre las CCAA a los tiempos futuros y a los retos que la integración
en la Comunidad Económica Europea planteaba a España.
Por esta razón se previó la posibilidad de reformar
los estatutos de autonomía y por esta razón comunidades
como Valencia, Navarra, Canarias o Aragón aprovecharon
la ocasión en 1998 para aproximarse en la práctica
a los niveles de autogobierno de los que disfrutan las comunidades
que accedieron por la vía rápida del artículo
151 de la Constitución.
El origen del proceso autonómico
en Cantabria
Ya hemos hablado anteriormente de cómo
la cuestión autonómica centra buena parte de los
debates políticos en la época de la transición
española de la dictadura a la democracia liberal. Como
es lógico, Cantabria no queda al margen de estos debates
y de hecho, el comienzo de los mismos, se puede situar en el momento
en el que, al hilo de las negociaciones políticas que el
Gobierno español mantiene con los nacionalistas vascos
al objeto de renovar y actualizar los antiguos Conciertos Económicos,
junto a la recuperación de la identidad cultural e histórica
del Pueblo Cántabro, algunos sectores de nuestra sociedad
se plantearon la posibilidad de recurrir al sistema autonómico
como única forma de superar el declive económico
que desde los años sesenta marcaba la evolución
política de Cantabria.
De hecho, la gran crisis mundial de 1973,
empeoró notablemente la situación socioeconómica
despertando la conciencia política regionalista de la sociedad
cántabra la cual, a su vez, había quedado reducida
durante la dictadura a la mera manifestación de expresiones
folklóricas y al mantenimiento de ciertas instituciones
como el Centro de Estudios Montañeses. Por lo tanto serán
el estancamiento de los sectores productivos, la pérdida
de incidencia en la economía española y el descenso
de la Renta per Capita lo que anime un estado de opinión
favorable a la consecución de un estatuto de autonomía.
Aquellos que piensan de esta forma en Cantabria,
se agruparon entorno a la idea de solicitar un Concierto Económico
al Gobierno español con el que dejar atrás la crisis.
Para tal fin se hizo público un manifiesto el 25 de marzo
de 1976, que fue suscrito por 100 personas de diversa ideología,
extracción social y formación, incluido Modesto
Piñeiro Ceballos, presidente entonces de la Diputación
Provincial de Santander (este manifiesto será conocido
desde entonces como el Manifiesto de los Cien). A partir
de este manifiesto se articulará la Asociación para
la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) en abril del mismo
año, convirtiéndose en una especie de foro en el
que se planearán las estrategias oportunas para hacer realidad
la obtención de un concierto. A cuenta de esta reivindicación
aparecerá una de las figuras quizás más relevantes
de la historia contemporánea de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, que será el primer presidente y uno de los fundadores
de ADIC.
Anteriormente se había producido la
formación del Comité Cívico el 24 de enero
de 1976. Este comité aglutinaba todas las corrientes políticas
y ciudadanas opositoras a la dictadura y partidarias de la ruptura
democrática con el régimen, apareciendo vinculado
al PCE. La importancia de este colectivo radica en que en su manifiesto
fundacional publicado en la prensa muestran la primera toma de
contacto en estos años con los problemas socioeconómicos
particulares de Cantabria, aunque las soluciones que proponían
estaban vinculadas a las formulaciones generalistas que estos
mismos grupos defendían en todo el Estado español.
A fin de cuentas todos eran grupos de ámbito estatal. Aún
así, el Comité Cívico merece ser tenido en
cuenta pues será el primer colectivo que públicamente
exprese su rechazo al régimen dictatorial en la Cantabria
de la transición. A tal efecto convocaron una manifestación
el día 7 de febrero que se convirtió en la primera
de la democracia en nuestra tierra.
Sin embargo, la aparición de una asociación
como ADIC obedeció precisamente a la sensación de
orfandad de sus integrantes a causa de la incapacidad del Comité
Cívico para asumir soluciones propias a los problemas propios
de Cantabria. Por ello ADIC nace con el objetivo de impulsar la
conciencia regional y proponer soluciones concretas a los problemas
concretos de la entonces Provincia de Santander. Desde el comienzo
tuvo claro que no debía vincularse a ninguna ideología
ni posicionarse a favor de ningún partido político,
sino que su deber consistía en atraer a todos los agentes
sociales que componían la realidad cántabra con
el fin de ejercer una presión mayor sobre el gobierno central.
Sin embargo su apoliticidad y su definición interclasista
no impidió que la composición fundamental de sus
bases sociales fuera obrera con la participación de algunos
sectores del empresariado y de la administración local
de la provincia. Con ese marcado carácter plural hará
su aparición pública. Como bandera de reivindicación
ADIC se caracterizará por hacer una valoración negativa
de la evolución económica y por su empeño
en la recuperación de las señas de identidad cultural
e históricas de Cantabria. Una identidad que estimó
en serio peligro de extinción y que todavía hoy
sigue siendo su principal preocupación.
La reivindicación del Concierto
Económico, semilla del autonomismo
Desde febrero de 1976 se suceden las peticiones
y las declaraciones públicas favorables a la obtención
de un concierto como el que se estaba negociando en aquellos momentos
para las tres provincias vascongadas y Navarra. Paulatinamente
irán apareciendo en los medios de comunicación las
proclamas favorables de diversos organismos de la entonces provincia
tales como: Ayuntamiento de Santander, Ateneo de Santander, Colegio
de Ingenieros Industriales, Ingenieros de minas, trabajadores,
Consejo Provincial de Empresarios, Joven Cámara de Torrelavega,
etc.
En el mes de junio Modesto Piñeiro,
Presidente de la Diputación Provincial, enviará
una serie de cartas a los alcaldes y presidentes de juntas vecinales
de Cantabria para que se adhieran a esta petición. En esa
serie de cartas se adjuntó la petición formal de
la Diputación al Gobierno español para iniciar las
negociaciones oportunas y la formación de una comisión
encargada de realizar su estudio para la potencial aplicación
de un concierto a todas las provincias españolas que lo
deseen.
Sí, tenemos que decir que buena parte
de las instituciones y organismos que se sumaron a la solicitud
del concierto estaban representadas por miembros de ADIC. De ahí
que ADIC se erija en el colectivo más importante del despertar
de la conciencia regional así como en el grupo que más
presión haga con sus campañas de sensibilización
y sus movilizaciones populares. El concierto será el estimulante
que active la preocupación por los problemas locales y
por la marginación de la que Cantabria es objeto por parte
del Gobierno español.
Revilla iniciará una campaña
por los pueblos y ciudades del país para recabar apoyos
a favor del Concierto económico. Su teoría era simplista
pero eficaz. Se resumía en la visión de Cantabria
“ordeñada como una vaca” por el Gobierno central.
De manera que, ante semejante despropósito, urgía
la consecución de un concierto específico para la
Provincia de Santander y no uno general para lo que entonces se
conocía como Castilla la Vieja (región virtual en
la que siempre se integraba a Cantabria). La importancia de esta
matización subyace en su desconfianza tanto hacia el centralismo
español de Madrid como hacia el centralismo castellano
de Valladolid.
Se entendía que el problema fundamental
de Cantabria era el centralismo en todas sus versiones, de manera
que el origen de todos los males que padecía la provincia
procedía del mismo. Así, esta conclusión
convencerá a los miembros de ADIC de que acabar con el
centralismo es vital para superar el estancamiento económico
del país. Por ello se abre la petición de un régimen
autonómico propio para Cantabria junto a la reivindicación
por el concierto. Desvincularse de Castilla y del proceso autonómico
que se estaba cocinando para ella se convertirá, paso a
paso, en el principal objetivo de ADIC, pero también del
resto de organizaciones y colectivos que aspiran a reformar las
estructuras de la entonces provincia. La autonomía será
entendida como un derecho, para lo cual se hace preciso afirmar
las señas de identidad históricas y culturales del
Pueblo Cántabro. De esta manera, junto a las reivindicaciones
más específicamente políticas, asistimos
a la aparición de un discurso regionalista identitario
que desde entonces acompañará a todo acto o manifestación
pública de contenido cantabrista. Dejar claro que Cantabria
tiene una serie de señas de identidad que le son propias
y que corresponden a la cultura de un pueblo distinto del castellano
será fundamental para conquistar el régimen autonómico.
Una vez que el gobierno español empiece a definir el mapa
de las “regiones” españolas que pueden aspirar
a la preautonomía y, por lo tanto, a un estatuto, se hará
estrictamente necesario que Cantabria afirme, lo que se llamó,
su entidad regional histórica. Como dejamos escrito
antes, las preautonomías se establecieron en base a las
“regiones históricas” de España, tal
y como se habían entendido los reinos de la Hispania medieval.
Por eso Cantabria, al formar parte del Reino de Castilla, no era
considerada como tal región y el gobierno central no se
mostraba muy partidario de reconocerla el régimen preautonómico.
De todas formas el discurso identitario cántabro
no era algo nuevo en la "provincia" sino que sus primeras
manifestaciones databan del siglo XIX pero, como dijimos más
arriba, la dictadura lo había reducido al folklore y a
alguna que otra publicación en prensa o revista.
Algo curioso que debemos comentar es que
al calor del debate de a qué región debía
adscribirse Cantabria surgió una discusión en la
que no solo se defendió la permanencia en Castilla, sino
que se llegaron a plantear otras opciones más llamativas
como la integración en Euskadi, la integración en
Asturias, la formación de una mancomunidad cantábrica
de Asturias, Cantabria y Euskadi; la creación de una macrorregión
formada por Cantabria, Asturias, León, Palencia y Burgos,
etc. Amén, por supuesto, de la defensa a ultranza de la
viabilidad de una autonomía uniprovincial para Cantabria.
El hecho es que lo que revela este estado de opinión es
la cada vez más problemática pertenencia de Cantabria
a Castilla la Vieja.
De manera que las opiniones no eran unánimes
al respecto. El 15 de abril de 1976 se constituyó en Cantabria
la Alianza Regional de Castilla y León dirigida por Carmen
Cossío, cuya incidencia se redujo a una evocación
nostálgica en la prensa acerca del pasado glorioso de Castilla.
A pesar de todo pronto desaparecerá pero se convertirá
en el embrión de otras organizaciones que aparecerán
en el futuro a medida que el autonomismo vaya calando en la sociedad
cántabra.
En paralelo existirá otra asociación
llamada Cantabria Unida, más radical que ADIC en tanto
en cuanto solicitaba también la recuperación del
nombre natural del país, Cantabria, pero además
proponía la recuperación de las hablas comarcales
de Cantabria (embrión del conflicto lingüístico
hoy en día existente) y la sustitución de la bandera
provincial por el Lábaro, bandera entendida por ellos como
la histórica que habrían esgrimido los antiguos
cántabros en su guerra contra Roma. Esta asociación,
conocida también como Cantabria Atropá, no enlazará
con las preocupaciones más reales de la sociedad cántabra
y su espacio será ocupado rápidamente por ADIC.
Pero sin embargo será importante recordarla porque posiblemente
sea el origen del incipiente nacionalismo cántabro que
se manifieste en los años venideros.
Con posterioridad a todo esto, en el verano
de 1976, ADIC escribirá una carta al presidente del Gobierno,
Carlos Arias Navarro, solicitando un “Régimen administrativo
especial” para Cantabria debido al abandono y la mala gestión
realizada por sus funcionarios en esta tierra. Al mismo tiempo
se le pediría la posibilidad de autoadministrar una parte
de los ingresos y los gastos de la provincia y, para negociar
todo ello, se le solicitaba audiciencia para tratar personalmente
con él estos asuntos.
Con la intención de dejar clara la
firme determinación de ADIC de llevar hasta el final la
persecución de un régimen autonómico y un
concierto, convocarán una manifestación por las
calles de Santander para el día 10 de julio que congregará
a unas cinco mil personas. En la misma, Miguel Angel Revilla hará
un mitin en el que acuse a la burguesía de Santander de
apatía y de ineficacia administrativa al frente de los
órganos de gobierno de la Provincia de Santander. Por ello
afirmará que el resurgir del debate autonomista en Cantabria
es responsabilidad suya al anteponer sus intereses particulares
a los generales de toda la comunidad.
Finalmente la Junta Directiva de ADIC se
entrevista con el Vicepresidente del Gobierno español,
Alfonso Osorio, el 22 de julio. Nunca se llegará a negociar
el Concierto Económico pero su poso permanecerá
en el tiempo despertando la conciencia regional de l@s ciudadan@s
y estimulando la reivindicación permanente en defensa de
los intereses específicos de Cantabria.
Inicios del proceso autonómico
Después de esta especie de preámbulo
que sienta las bases sobre las que se irá dilucidando la
cuestión de la autonomía, se produce la elección
de Leandro Valle, miembro también de ADIC, como nuevo Presidente
de la Diputación Provincial, en mayo de 1977, y la convocatoria
de elecciones generales que se celebrarán el 15 de junio
de ese mismo año. Estas elecciones son trascendentales
porque son las primeras que se celebran en el Estado español
desde febrero de 1936, razón por la que las negociaciones
políticas de la Transición dependerán de
su éxito. Finalmente las vence la UCD de Adolfo Suárez
quedando segundo el PSOE y garantizándose estos dos partidos
desde entonces el reparto de poderes y la hegemonía política
en el parlamento español. De este resultado dependía
el proyecto de redactar una Constitución que normalizase
definitivamente la vida política en el Estado español.
En Cantabria estas elecciones también son ganadas por la
UCD de Justo de las Cuevas.
De esta forma la UCD se establece en los
ámbitos estatal y cántabro como el partido clave
para asegurar la autonomía de Cantabria. Solo él
puede inclinar la balanza a favor o en contra de dicho proceso.
Por de pronto el partido se encuentra dividido
respecto a esta cuestión, aunque defiende inconfundiblemente
la transformación de España en un estado descentralizado.
Pero como decimos, todavía no tendrá una postura
interna coherente en el caso de Cantabria. Será gracias
al éxito de las campañas sociales que realiza ADIC,
la pertenencia de algunos miembros de la ejecutiva centrista a
esta asociación y la cada vez más clara orientación
de la opinión pública a favor de la autonomía,
lo que hará que el peso mayoritario dentro del partido
vaya cayendo de parte de los sectores proautonomistas de la UCD.
Entre los partidos de la derecha parece clara
la oposición de AP y del resto de fuerzas de la extrema
derecha, salvo FE-i y FE-a que son los únicos grupos de
este espectro ideológico que se integraron en el Organismo
Unitario para la Autonomía de Cantabria, aparecido en agosto
de 1977.
Entre los partidos de la izquierda hay una
postura unánime a favor de la autonomía, dándose
el caso de que algunos de ellos están dispuestos, incluso,
a ir más allá llegando a apoyar un estado federal
en el que Cantabria fuese uno de los estados miembros. Por no
hablar de quienes apoyaban el derecho a la autodeterminación.
Sólo en el caso del PSOE la petición de autonomía
parecerá un poco más tibia dependiendo del momento
y de la inspiración de su secretario general.
Así pues, la UCD como vencedora de
las elecciones de junio convoca al resto de los diputados elegidos
por Cantabria para constituir una Junta de Parlamentarios que
comparecerá públicamente el 1 de agosto. Esta Junta
redacta un manifiesto en el que se compromete a propiciar la redacción
de un Estatuto de Autonomía para Cantabria. No es de extrañar
esta iniciativa una vez que en el mes de junio ADIC había
organizado el I Festival de Música Regional en el que ya
expresamente pidió la elaboración de un estatuto
de autonomía para Cantabria, una vez que en julio hizo
aparición otro grupo llamado Comunidad Regionalista Cántabra
y algo más tarde el Movimiento Nacionalista Cántabro;
una vez que el 29 de julio los partidos PTE, PSP, Partido Carlista
y ORT piden públicamente la autonomía, o una vez
que los miembros del PTE, Gómez Acosta y Antonio Montesinos,
presentan en Torrelavega la alternativa de su partido a la autonomía.
Es decir, la dinámica de las organizaciones políticas
de base es claramente autonomista y de aquí que el 10 de
agosto de 1977 haga su aparición pública el Organismo
Unitario para la Autonomía de Cantabria (OUAC), compuesto
por los colectivos ADIC, Cantabria Unida, ADM, CSUT, CCOO, UGT,
PTE, PSP, PSOE, PSOE-h, PCE, Partido Carlista, ORT, ID, FPD, o
las ya mencionadas FE-i y FE-a. Composición que, por otro
lado, destaca el marcado carácter progresista de sus miembros,
con las salvedades de las falanges y del FPD. Apenas cuatro días
más tarde, en el Día de la Montaña de Cabezón
de la Sal, el OUAC pide públicamente la autonomía
para Cantabria. Esta misma organización convocará
una manifestación en Santander para el día 27 de
agosto que pasará a la historia, no solo por ser aquella
en la que la Policía golpeó al Secretario General
del PSOE en Cantabria y diputado en el Congreso, Jaime Blanco,
sino por ser la más numerosa jamás realizada en
toda la historia de Cantabria al congregar a unas 20.000 personas
a pesar del mal tiempo reinante en la jornada.
Toda esta dinámica popular será
la que lleve a la UCD a apostar definitivamente por la autonomía
pero dejando la puerta abierta a la integración en Castilla,
solución aprobada en su Comité Provincial del 21
de agosto para contentar a los sectores más reacios del
partido. Por lo que se entiende que hasta aquí era fundamental
el liderazgo interno de Justo de las Cuevas en el comité
ejecutivo. División de opiniones en el interior que quedó
clara cuando el 12 de septiembre, el diputado cántabro
por UCD, Francisco Laínz, acudió a la Junta de Parlamentarios
de Castilla y León celebrada en León en representación
de la Provincia de Santander.
Finalmente el OUAC se disolverá a
finales de año cuando ADIC abandone el organismo por discrepancias
internas, optando cada grupo, desde entonces, por seguir su propia
iniciativa en pro de la autonomía. Pero ello no debilitará
en absoluto la carrera hacia el estatuto pues, en octubre, el
Congreso Regional del PSOE afirma sus intenciones de conseguir
una Cantabria autónoma y tanto ADIC como otros colectivos
minoritarios siguen adelante con sus actividades a favor del estatuto
(ADIC enviará una carta al Ministro Clavero Arévalo
solicitándole la autonomía).
Sin embargo, a pesar de seguir extendiéndose
la causa del autonomismo, a principios de 1978 (18 de febrero)
se conoce el proyecto de preautonomía de Castilla y León
en el que se invita a la Provincia de Santander a incorporarse,
dándola un plazo de 15 días para tomar una decisión.
En este proyecto participaría el diputado ucedista Francisco
Laínz en representación de Santander. La publicación
del texto es tomada como una provocación por parte de los
sectores cantabristas, mientras que el PSOE no sabe muy bien qué
decisión adoptar y en la UCD se reabre la controversia
interna. Realmente esta fue la prueba de fuego que tuvieron que
superar las organizaciones que decían estar a favor de
la autonomía. Inmediatamente después, la ID del
senador Benito Huerta (firme defensor del autonomismo desde el
principio del proceso), se reafirma en su vocación estatutaria,
ADIC amenaza con movilizaciones y se convoca una reunión
de las fuerzas políticas partidarias de la autonomía
en la que se acuerda iniciar una campaña de recogida de
50.000 firmas para enviar al Ministro de las Regiones y a los
parlamentarios cántabros.
Al final, en el mes de marzo, la Junta de
Parlamentarios de Cantabria responde a la invitación de
sus homólogos castellanos declinando la invitación
y pasando a continuación a discutir un borrador de estatuto
de preautonomía que será entregado al gobierno en
el mes de julio de 1978. Por su parte AP, en el mes de marzo,
dejará clara su opinión expresándose una
vez más a favor de la unión con Castilla, o en mayo
será la UNE la que se declare partidaria de hacer un referéndum
al respecto para saber la opinión de l@s cántabr@s
sobre esta cuestión, no desaprovechando la ocasión
para atacar a ADIC y a la Junta de Parlamentarios.
Antes, el 26 de abril de 1978, se efectua
una reunión entre la Junta de Parlamentarios de Cantabria
y el Ministro de las Regiones, en la que éste se muestra
reacio a la propuesta de los parlamentarios de celebrar un referéndum
y manifiesta las dificultades que él aprecia para que Cantabria
conquiste su autonomía. A pesar de este contratiempo, como
se dijo, la Junta de Parlamentarios aprueba un documento en su
pleno del 9 de mayo en el que ya, de manera formal, se solicita
del gobierno el régimen preautonómico, aunque en
dicho documento no se excluirá la posibilidad de “asociarse”
a entes vecinos (es decir, a Castilla), motivo por el cual Benito
Huerta se negó a firmarlo. De manera que, aunque a trompicones,
la causa autonomista se encuentra en marcha y será el PSOE
el que elabore el primer proyecto de preautonomía. Proyecto
que es aprobado definitivamente el 16 de julio y entregado al
gobierno dos días más tarde.
Al tiempo que se desarrolla todo este proceso
continúan los actos a favor de la autonomía y de
reivindicación identitaria cántabra. Así
tenemos la primera celebración del Día Infantil
de Cantabria organizado por ADIC y el colegio Torreblanca. Se
calcula que acudieron entorno a 80.000 personas, cifra y éxito
de público que fueron determinantes a la hora de adoptar
la determinación de realizarlo todos los años a
partir de entonces el primer domingo de cada mes de junio. Pero
este acto no es el único, pues continúan las charlas
por los pueblos y las polémicas en la prensa sobre la viabilidad
de un régimen autonómico para Cantabria. Se organizó
el II Festival de Música Regional, participando otros colectivos
en su organización aparte de ADIC, estando marcada esta
edición por un fuerte carácter reivindicativo ante
los constantes órdagos de los sectores castellanistas de
Cantabria. De hecho estos sectores no permanecen impasibles y
continúan con sus presiones contrarias a la consecución
del estatuto. De forma que a finales del mes de junio de este
año aparece publicado en el BOE el decreto de preautonomía
de Castilla y León en el que son incluidas sin consulta
las provincias de Santander y Logroño. Esto es lo que motivará
que ADIC, como principal representante de los sentimientos cantabristas,
envíe 30.000 cartas al Ministro de las Regiones pidiendo
la autonomía junto a las 50.000 firmas recogidas (julio
de 1978). Pero además ratificando su amenaza a la UCD (ya
realizada en el mes de abril) de que si no clarificaba su postura
sobre la autonomía y eliminaba los obstáculos que
ponían en el proceso sus propios miembros, ADIC boicotearía
su candidatura en las próximas elecciones municipales de
abril de 1979. Y no son de extrañar esas posturas ambiguas.
En el seno de la UCD continuaban los choques entre partidarios
y contrarios de la autonomía de Cantabria. De hecho, en
una reunión del partido celebrada en Santillana, los partidarios
de la inclusión en Castilla, representados por los parlamentarios
Laínz, Piñal y González Tarrio, habían
intentado desbancar a Justo de las Cuevas para hacerse con el
control de la UCD, pero salieron derrotados.
El 13 de agosto, Justo de las Cuevas realiza
un manifiesto autonomista en el Día de Cantabria de Cabezón
solicitando el apoyo de l@s ciudadan@s al proyecto presentado
al gobierno en julio, pero simpatizantes cantabristas lo increpan
porque siguen percibiendo una postura ambigua en la UCD. Tanto
es así que apenas una semana más tarde, el 20 de
agosto, se presenta públicamente el manifiesto fundacional
de la Asociación Cantabria en Castilla (ACECA), manifiesto
firmado por 358 personas entre las que se encuentran numerosas
personalidades de la vida pública, como Francisco Laínz,
Francisco Ignacio de Cáceres, Miguel Angel García
Guinea o Isabelino Cea, entre otras personas del mundo empresarial,
navieros, industriales, altos funcionarios del estado en Cantabria,
etc. ACECA será un extraño conglomerado asociativo
que a través de la prensa, fundamentalmente, propiciará
una recogida de firmas con la que pretenderá frenar la
marcha autonómica. Más tarde se descubrió
que entre los supuestos adhirientes había fallecidos, niños
y hasta miembros de ADIC, que después denunciaron la falsificación
de sus firmas y la manipulación de la campaña. Este
hecho originó una buena polémica pues según
los cantabristas se demostró que quienes se oponían
a la autonomía eran principalmente miembros de la oligarquía
santanderina, castellanos que residían en Cantabria y la
propia extrema derecha española que se resistía
a cualquier concesión descentralizadora fuese cual fuese
la “región” beneficiaria.
Ante esta nueva amenaza al proceso y la proximidad
de la reunión que debía mantener la Junta de Parlamentarios
de Cantabria con el Ministro Clavero Arévalo, los partidos
y sindicatos autonomistas hicieron una nueva declaración
a favor del proyecto autonómico.
El 28 de septiembre se celebró la
esperada reunión en la que el Ministro Arévalo rechazará
el proyecto presentado justificando su decisión en la supuesta
falta de consenso alcanzado entorno a él. La autonomía
parecía definitivamente perdida. Parece lógico pensar
que la verdadera causa de la negativa del ministro hay que buscarla
no solo en la ambigüedad del texto, sino también en
los movimientos de los parlamentarios cántabros vinculados
a la ACECA (como el representante de AP, Modesto Piñeiro,
antiguo presidente de la diputación).
Fase decisiva del proceso autonómico
A pesar del golpe las puertas aún
no estaban cerradas. Una vez que queda fijado el mapa de las Preautonomías
en España, la única salida a la situación
es la que establece la Constitución, es decir, que aquellas
“regiones” que no han sido incluidas como preautonomías,
pueden convertirse en CCAA si lo solicitan las dos terceras partes
de los municipios que representen dos tercios de su censo electoral.
A partir de esta posibilidad, ADIC y los grupos estatutistas,
rediseñarán su estrategia centrándose en
las elecciones municipales que se celebrarán en abril de
1979.
A tal efecto Miguel Ángel Revilla,
como presidente de ADIC, propuso entonces un debate con la pretensión
de convertir la asociación en un partido político.
La idea consistía en presentarse a las elecciones municipales
para que desde los ayuntamientos, los miembros de ADIC que saliesen
elegidos como alcaldes o concejales promoviesen el voto favorable
al proyecto de preautonomía desde los mismos. Así
se conseguiría reunir el número necesario de ayuntamientos
para desbloquear la situación. En Cantabria era preciso
que fuesen al menos 67 los ayuntamientos que votasen a favor.
Por su parte el PCE, PTC, ORT, MCC, CSUT,
CCOO, UGT, SU y ADIC de la comarca de Campóo hacían
pública su adhesión a la autonomía. Y el
20 de octubre, a la vez que el PSOE presenta su Compromiso
Autonómico con el que pretende implicar al resto de
partidos para que sus próximos munícipes inicien
la petición autonómica, las diferentes fuerzas sociales
partidarias de la autonomía convocan una manifestación
el día 21 de octubre a la que no acuden ni el PSOE ni UCD,
pero sí lo hacen unas 5000 personas. Los grupos convocantes
serán ID, MCC, ORT, Partido Carlista, PCE, PTC, CCOO, CSUT,
UGT y SUC, más el apoyo de ADIC. Lógicamente AP
y UNE tampoco harán acto de presencia al ser contrarias
a todo el proceso que se está desarrollando.
Unas semanas después vendría
al mundo el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), concretamente
el 13 de noviembre, que se presentaría oficialmente el
16 del mismo mes. Sus ideólogos serán Miguel Ángel
Revilla y Esteban Solana y, aunque pueda parecer lo contrario,
en este momento hubo algunos sectores dentro del partido, sobre
todo los que procedían del PCE, que hicieron la propuesta
de definirlo como nacionalista, pero fue rechazada ya que se entendía
que aún no era el momento oportuno para ello.
Pocos días antes de la aprobación
de la CE, el Centro de Estudios Montañeses publicaba un
estudio con el que afirmaba que Cantabria contaba con tantos rasgos
diferenciales como cualquier otro pueblo del Estado español
y, por lo tanto, se ajustaba perfectamente a la categoría
de entidad regional histórica requerida por la
CE. Este informe fue el espaldarazo que necesitaban las tesis
del autonomismo pues ponía en tela de juicio los argumentos
historicistas que esgrimían los miembros y simpatizantes
de ACECA, que exaltaban los vínculos tradicionales que
la provincia había mantenido en el pasado con Castilla.
Sin embargo esta organización, meses más tarde,
cuestionaba este informe porque creían que Cantabria, sin
Castilla, carecía de cualquier legitimidad histórica.
Al finalizar el año, ADIC celebra
su III Asamblea General en Puente Viesgo. La importancia de esta
reunión se encuentra en que en ella, por primera vez en
su historia, la asociación apoya a un partido político,
el PRC de Revilla.
El año 1979 significó un avance
enorme en el camino hacia la autonomía aunque continuaron
las discrepancias internas en el seno de los partidos. Pero el
necesario pacto autonómico del que carecía el proceso
terminó por llegar el 5 de febrero de 1979. Ese día
el PSOE, PCE, PRC, PTC, Partido Carlista y ORT firmaron el Compromiso
autonómico elaborado por el PSOE. Este acuerdo no
fue firmado por la UCD al inicio pero posteriormente, cuando se
produjeron las votaciones en los ayuntamientos, se sumó
también al mismo.
Tras las elecciones generales de marzo y
las municipales de abril de 1979 la UCD nuevamente fue la fuerza
política más votada y el PSOE se consolidó
como principal partido de la oposición. El PRC cosechaba
un gran éxito electoral (unos 30.000 votos) quedando por
encima del PCE y de AP en número de sufragios. Así
se constituía una de las características de la política
cántabra: la consolidación de un tercer espacio
electoral ocupado por el cantabrismo político.
Una vez establecido el panorama municipal
de Cantabria con la elección de las nuevas corporaciones
locales y con la elección de José Antonio Rodríguez
como nuevo Presidente de la Diputación Provincial, comienza
lo que se ha dado en llamar la Carrera Autonómica.
Los nuevos representantes de los partidos en los trabajos de la
ponencia serán: por UCD, Alberto Cuartas Galván,
Ciriaco Díaz Porras, Leandro Valle, Ambrosio Calzada, Alberto
Mateo y Mariano Linares; por el PSOE, Jaime Blanco, Mario García
Oliva y Jesús Cabezón, y por el PRC, Esteban Solana.
En base al compromiso suscrito por las organizaciones
políticas y a la nueva composición de los ayuntamientos,
el 30 de abril, el ayuntamiento de Cabezón de la Sal, regido
por Ambrosio Calzada, se convierte en el primero que solicita
oficialmente la autonomía para Cantabria. En el curso de
las semanas siguientes se irán sumando por decenas otros
ayuntamientos de la todavía llamada Provincia de Santander.
Como anécdota cabe decir que el 26 de abril de 1979 fue
izada por primera vez de manera oficial la bandera blanquirroja
de la CAC en la Diputación. Al día siguiente José
Antonio Rodríguez se convertía en el nuevo Presidente
del Palacio de Puertochico.
El ayuntamiento de Santander, dirigido por
Juan Hormaechea, se sumó al movimiento por la autonomía
con una moción presentada en el pleno extraordinaria del
18 de mayo, aprobada por mayoría de 24 concejales y la
abstención de los 3 de la Agrupación Independiente
de Derechas (AID) de Javier Arrarte de la Revilla. Apenas un mes
más tarde ya eran 68 los municipios del país que
se habían pronunciado a favor de la alternativa autonómica.
El pleno extraordinario de la Diputación Provincial del
21 de junio de 1979, atendiendo al movimiento mayoritario de los
municipios cántabros, acordó por unanimidad solicitar
al Gobierno español la autonomía para Cantabria
por el artículo 143 de la CE. Este hecho es lamentado por
el PRC pues este partido aspiraba acceder al autogobierno por
el 151 de la CE. Acusará a los miembros de los partidos
mayoritarios, UCD y PSOE, de falta de coraje para realizar un
planteamiento algo más ambicioso.
Esta situación obedece a la necesidad
de “racionalizar” el proceso autonómico en
todo el Estado español tras la elaboración y referendo
de los estatutos catalán y vasco, la aprobación
de la Ley del Tribunal Constitucional y la aprobación de
la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Luego de estos tres acontecimientos de importancia para el futuro
de la transición política, el ambiente se enrarece
entre PSOE y UCD por las presiones y la inestabilidad que se ejercen
sobre el Gobierno español tanto desde dentro como desde
fuera. Así, tras la consigna de “racionalizar”
el proceso autonómico se oculta la pretensión de
limitar el Estatuto de Galicia y disuadir a Canarias, Valencia
y Andalucía en su voluntad de acceder a la autonomía
a través del artículo 151 de la CE. Este objetivo
se conseguirá en el caso de los dos primeros, pero no en
el caso de Andalucía que después del referendum
que celebra en febrero de 1980, se acoge a esta vía.
Así, se entiende que en Cantabria,
tanto UCD como PSOE, no estuviesen dispuestos a desestabilizar
la situación aún más permitiendo que una
“provincia” se convirtiese de la noche a la mañana
en una nacionalidad histórica acogiéndose a la vía
del 151, pues temían que el proceso autonómico se
les fuera de las manos. No solo el PRC aspiraba al 151, sino también
ADIC y el PTC de Isabel Tejerina. De esta forma observamos la
consolidación de un espacio político electoral de
marcado carácter cantabrista y de izquierdas con una acentuada
predisposición a la movilización popular. De forma
que, descartada la vía del 151, Cantabria se acoge a través
de la voluntad de sus instituciones, a la vía lenta del
143. A partir de este momento se notifica el divorcio definitivo
entre lo que son las organizaciones que copan las instituciones
de la provincia y las que copan las actividades a pie de calle
en favor del autogobierno del Pueblo Cántabro.
El 10 de septiembre se constituye la Asamblea
Mixta de parlamentarios estatales y diputados provinciales compuesta
por 22 miembros de UCD, 11 del PSOE y 1 del PRC. A su vez, ésta
nombra la ponencia de diez miembros que se encargarán de
redactar el anteproyecto de estatuto de autonomía bajo
las directrices de UCD. Su composición será: 6 miembros
de UCD, 3 del PSOE y 1 del PRC.
Al mismo tiempo, el 11 de septiembre comienzan
las Jornadas pro Estatuto organizadas por ADIC para redactar
un estatuto paralelo al que se va a elaborar oficialmente. En
los trabajos participaron organizaciones políticas y sindicales
de diversa representatividad y consistieron en una serie de charlas
y debates cuyas conclusiones sirvieron para redactar el mencionado
Estatuto Paralelo. Este fue concluido el 30 de octubre
y presentado a los medios de comunicación el 3 de noviembre
de 1979. En él Cantabria quedará definida como nacionalidad,
lo cual creará fricciones con el PRC (en la persona de
Eduardo Obregón), pero también se propondrá
cambiar el nombre de Diputación por Junta de los Valles,
se recogerá un régimen fiscal bastante amplio, se
defenderá una descentralización profunda intracomunitaria,
etc.
El 26 de noviembre ADIC entregará
su proyecto de estatuto a la comisión redactora de la Asamblea
Mixta, con lo que se adelantará a los propios trabajos
de ésta, y a continuación organizará la
Marcha Atlética a favor de la autonomía que
culminará con la colocación de una placa en la cima
de Peña Vieja por el II Centenario de la constitución
de la Provincia de Cantabria en 1778. Su texto decía así:
Los que en el pasado
consiguieron el reconocimiento de
las libertades de Cantabria y los
que por ella lucharon
y lucharán en el futuro.
Antes de que finalice el año, el 9
de diciembre de 1979, los regionalistas y nacionalistas del Estado
español con representación en el Congreso de los
Diputados, son invitados al I Congreso Regional del PRC. En él
se comprometen a defender en Madrid la autonomía de Cantabria.
Esto será crucial porque algunas enmiendas del PRC al proyecto
de estatuto serán defendidas en el Congreso por el PNV.
Por su parte, los trabajos de redacción
del estatuto comienzan el 15 de septiembre. Popularmente los santanderinos
llamarán a éste el Estatuto de Puertochico.
La documentación del mismo irá acompañada
por la solicitud de autonomía que suscriben los 85 ayuntamientos
cántabros que la han respaldado. Esta solicitud, junto
a su documentación, será enviada inmediatamente
al Ministro de Administración Territorial, Don Antonio
Fontán.
Los socialistas, en noviembre, proponen por
primera vez que el nombre de Provincia de Santander sea sustituido
por el de Cantabria pero la propuesta no será aceptada
en esta ocasión. En diciembre, el senador del PSOE Mario
García Oliva, presentaba en el senado una proposición
de ley en ese sentido que será rechazada el 4 de marzo
de1980.
El 10 de enero de 1980 queda prácticamente
redactado el Estatuto de Autonomía para Cantabria. El órgano
autonómico se llamará Diputación Regional
de Cantabria.
En el Paraninfo de las Llamas ADIC celebrará
su IV Asamblea General el 20 de enero, la cual sentará
las bases ideológicas del autonomismo regionalista. Según
palabras de su presidente, Rafael de la Sierra, ADIC debía
mantenerse independiente de cualquier partido político
y subrayó que la conciencia de ser diferentes y la capacidad
de autogobierno y de decisión política y económica,
eran requisitos necesarios para que Cantabria accediese a su autonomía.
El 14 de febrero, el Boletín Oficial
de la Provincia publica el anteproyecto de estatuto.
El 25 de febrero las fuerzas sociales más
cantabristas y progresistas conforman, junto a ADIC, el Frente
de rechazo al anteproyecto de estatuto de autonomía por
entenderlo insuficiente para Cantabria. Los integrantes serán
Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM),
Unión de Agricultores y Ganaderos Montañeses (UGAM),
Asociación de Amas de Hogar y Consumidoras, Asociación
de Afectados por la Vivienda de Cantabria (AFEVIC), Concejo Cántabro
de la Juventud (CCJ), Sindicato Cántabro de Trabajadores
(SCT), SUC, Partido Carlista de Cantabria, Joven Guardia Roja,
Unión de Juventudes Maoístas (UJM), MCC, PTC y la
propia ADIC. Como medida de presión y como prueba de fuerza,
convocaron una manifestación para el día 26 de abril
de 1980 a la que acudieron aproximadamente medio millar de personas.
Aunque los objetivos que se marcaron no prosperaron, se puede
decir que de este grupo de convocantes se nutrirían en
el futuro las bases del movimiento nacionalista cántabro,
haciendo su aparición pública el 19 de mayo un Partido
Nacionalista Cántabro (PNC) de la mano de algunas personas
escindidas del PRC. Su vida fue breve. De forma paralela a la
consolidación de un espacio social cada vez más
claramente nacionalista y potencialmente desestabilizador, asistimos
a un acercamiento de los medios de comunicación a las tesis
y estrategia autonómica de los partidos del sistema, con
lo que se dificultó el acceso de estos grupos a la prensa
como forma de transmitir sus propuestas a la sociedad cántabra.
A partir del mes de marzo comienza la etapa
de estudio y discusión de las 110 enmiendas presentadas
al Anteproyecto y para el mes de abril se inician los debates
sobre el texto. En realidad toda la primera mitad del año
1980 es consumida por la Asamblea Mixta en el estudio de estas
enmiendas. Entre ellas cabe destacar la que hiciera ACECA a la
totalidad del anteproyecto por entender que Cantabria no se acomodaba
al concepto de entidad regional histórica, argumento al
que se sumará el Congreso Provincial de AP que insistirá
en incluir la provincia en la autonomía castellana. El
PRC intentará, a su vez pero sin éxito, cambicar
el nombre de la Diputación por el de Junta de los Valles,
modificar la división comarcal y corregir el excesivo peso
que se adjudica a la capital. Finalmente el Anteproyecto será
aprobado el 2 de junio por 19 votos a favor y 12 en contra, siendo
los votos en contra los del PSOE y los del PRC. El PSOE explicó
su postura de forma confusa. Al día siguiente el pleno
de la Diputación rechazará cambiar el nombre de
Santander por Cantabria.
El 19 de junio el Presidente de las Cortes,
Landelino Lavilla, recibió de manos de la comisión
de parlamentarios de Cantabria, presidida por Justo de las Cuevas,
el texto del Proyecto y en el mes de agosto el BOE publicó
su contenido.
Mientras cada partido presentaba sus enmiendas,
62 municipios se pronunciaban a favor del cambio de nombre de
Santander por Cantabria y en diciembre de 1980 ya eran 78.
Desde este momento dan comienzo los farragosos
trámites parlamentarios de debate del Proyecto de Estatuto
en Madrid que durarán hasta finales de 1981. El 23 de octubre
dará comienzo la discusión del Estatuto en el Congreso
en la que Manuel Fraga, a la sazón portavoz de Coalición
Democrática, plantea una enmienda a la totalidad al entender
que Cantabria no debe separarse de Castilla pues carece de identidad
histórica o cultural para ello. Alianza Popular suscribirá
las afirmaciones de Fraga y se reiterará por la inclusión
en Castilla.
En el mes de diciembre tendrá lugar
la ya famosa V Asamblea de ADIC que pasará a la historia
contemporánea de Cantabria por ser en la que se apruebe
la ponencia en la que Cantabria queda definida como nacionalidad
y la asociación se decanta de forma clara por la defensa
de un proyecto nacionalista para el país. Este acontecimiento
no hará sino cimentar el ya imparable divorcio entre ADIC
y el PRC que se materializara el año anterior cuando Miguel
Ángel Revilla fuera suspendido temporalmente de militancia
en la misma.
Durante el lapso de tiempo que duran los
trámites en el Congreso de los Diputados se van sucediendo
las crisis en la UCD y su Gobierno. No solo por la resaca del
referéndum andaluz, sino también por el Golpe de
Estado del 23 de febrero de 1981 y por el Informe Enterría.
Este informe fue un golpe durísimo, otro más, al
proceso autonómico cántabro. Su origen se encuentra
en cuando el nuevo Gobierno español presidido por Calvo
Sotelo trata de “reconducir” la cuestión autonómica.
Así en el mes de marzo encarga a una comisión de
expertos presididos por Eduardo García de Enterría
dicho informe que es publicado dos meses más tarde, el
16 de mayo. Su aparición coincide poco después de
que la Ponencia Constitucional termine de estudiar el Estatuto
de Autonomía (29 de abril). Entre sus muchas conclusiones
nos interesa la que atañe a las comunidades uniprovinciales
como la nuestra. Sugiere que unos mínimos de extensión,
población o recursos materiales eran más importantes
que cualquier argumento de tipo histórico y que, de estos,
el haber disfrutado de una singularidad institucional en el pasado
debía ser lo más determinante. Veía como
inviables las comunidades uniprovinciales de menos de un millón
de habitantes y exiguo territorio que no fueran entidad regional
histórica. Por lo tanto desaconsejaba la autonomía
de cualquier provincia de características similares a la
nuestra. Como es lógico, su publicación provocó
una ola de reacciones críticas en cadena por parte de personalidades
de la cultura y de la política de Cantabria. El ayuntamiento
de Cabezón reafirmó su petición de autonomía
e inició por cuenta propia una segunda ronda de adhesiones.
Lo propio hizo la Junta Directiva de ADIC o el Ayuntamiento de
Santander. El 2 de junio la Diputación ratificó
su apoyo a la autonomía y el 19 de julio se organizará
por parte de ADIC, ICU, SUC, PTC, Asociación Cultural de
Guarnizo, Asociación de Profesores y multitud de otros
pequeños colectivos, una Marcha Automovilística
de Reafirmación Autonómica que saliendo
desde Castro, Santander, Torrelavega y Mataporquera, confluirá
en Santillana del Mar. En esta marcha estos grupos reafirmarán
de nuevo su oposición al estatuto que se está tramitando
en Madrid y al que califican como un Estatuto Centralista.
García de Enterría, el 21 de
mayo, afirmará que el estatuto de Cantabria está
a salvo, como efectivamente sucederá una vez que la Comisión
Constitucional lo dictamine el 25 de junio de 1981 para tramitarlo
por la vía del 143 de la CE. Para suavizar la crispación
levantada por el informe Enterría, el Comité Ejecutivo
Nacional de UCD, el 8 de junio, reconocerá la regionalidad
de Cantabria.
En el Proyecto de Estatuto de Autonomía
para Cantabria, en su apartado primero del artículo primero,
se configura a Cantabria como entidad regional histórica,
pero en el último párrafo del artículo 30,
Justo de las Cuevas, presionado por los sectores de su partido
aún no convencidos con la autonomía cántabra,
incluyó un texto que decía: la Diputación
Regional de Cantabria defenderá de forma especial los
acuerdos y convenios con la comunidad castellano-leonesa que respondan
a los lazos históricos y culturales existentes entre ambas
comunidades. Este párrafo junto a la inclusión
del artículo 58 que preveía la integración
futura de Cantabria, a petición propia, en otra comunidad
limítrofe, fueron dos condiciones impuestas para asegurar
la aprobación del estatuto en Madrid. El significado de
ello hay que buscarlo en la escasa convicción autonomista
del centro y la derecha españolas a lo largo de todo el
proceso. Pero sobre todo por las presiones que, desde dentro de
Cantabria, hacía la ACECA como las que, desde fuera, hizo
el propio Consejo de Castilla y León negando la entidad
histórica y la identidad cultural del Pueblo Cántabro.
La ACECA siempre lamentó que no se hubiese realizado un
plebiscito para sondear la opinión de l@s ciudadan@s al
respecto y expresó su decepción con los políticos
de Castilla y León que no habían impedido lo que
para ellos era una segregación de la Provincia de Santander.
Sin embargo, a efectos de conocer la opinión de l@s ciudadan@s
de Cantabria sobre la autonomía, en 1980 se encargó
una encuesta a un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería
Técnica dirigidos por el profesor Manuel Garrido. El resultado
fue que el 64% de los encuestados aprobaban la autonomía
de Cantabria frente a un 22% que se declaraba en contra.
Ese mismo verano, el 9 de agosto, era invitado
a leer el pregón de la fiesta del Día de Cantabria
de Cabezón, el Ministro de Administración Territorial,
Rodolfo Martín Villa, el cual fue abucheado por miembros
de ADIC al ser éste un partidario declarado de la inclusión
de Cantabria en Castilla.
El 14 de octubre de 1981 se aprobó
en el pleno del Congreso de los Diputados el Estatuto para pasar
a continuación al Senado, donde también fue dictaminado
favorablemente el día 20 de noviembre. Tanto el PCE como
los grupos cantabristas consideron insuficiente aquel proyecto
de estatuto y organizaron debates donde se discutió sobre
la autonomía y sobre el futuro que deparaba a Cantabria
una vez fuese aprobado en Madrid el estatuto.
Una semana después de ser dictaminado
en el Senado, José Ángel García de Cortazar,
profesor de historia medieval en la Universidad de Santander,
leyó en el Ateneo una conferencia de Sánchez-Albornoz
en la que se glosaban, una vez más, los lazos históricos
que unían a Cantabria con Castilla y hablaba del error
que para él suponía el haber optado por la vía
autonómica. Una parte del público sensibilizado
con la causa del estatuto y con la identidad cántabra protestó
fuertemente la lectura de ésta conferencia.
El 2 de diciembre era definitivamente aprobado
en el Senado el Proyecto de Estatuto retornando a la Cámara
baja donde el 15 de diciembre y con 249 votos a favor, 2 en contra
y 31 abstenciones, quedó finalmente aprobado el Estatuto
de Autonomía para Cantabria. El Rey lo firmó
y sancionó el 30 de diciembre de 1981.
Entra en vigor el Estatuto
El 9 de enero de 1982 era publicado en el
Boletín Oficial de Cantabria y el 11 de enero lo hacía
en el BOE. No entrará en vigor hasta el 1 de febrero de
ese año pasando la Provincia de Santander a llamarse automáticamente
Cantabria.
Las valoraciones que harán los partidarios
o los detractores del mismo serán muy diversas. Si excluimos
AP y la extrema derecha que siempre fueron opuestas, las organizaciones
de extrema izquierda y cantabristas lo recibieron como un instrumento
positivo en tanto en cuanto garantizaba el derecho a la autonomía
del Pueblo Cántabro, pero lo consideraban insuficiente
pues, según su opinión, no satisfacía las
aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora cántabra.
Por su parte, PSOE y UCD lo recibieron con alborozo pero matizando
Justo de las Cuevas, en representación de los centristas:
La Autonomía de Cantabria es el resultado del trabajo
de todos los partidos políticos y ninguno puede hacer de
ello una bandera partidista.
El 20 de febrero se constituía la
Asamblea Regional presidida por Isaac Aja Muela y el 15 de marzo
José Antonio Rodríguez se convertía en el
primer presidente de la recién estrenada Comunidad Autónoma
de Cantabria. Su primer Gobierno será presentado el 14
de abril y estará compuesto por Jesús Ruiz Rugama
como Consejero de la Presidencia, Santiago Pérez Obregón
como Consejero de Trabajo, Sanidad y Bienestar Social; José
Ramón Sainz Fernández como Consejero adjunto al
Presidente y de relaciones Institucionales, Enrique Ambrosio Orizaola
como Consejero de Industria, Transporte, Comunicaciones y Turismo;
Tomás Fernández Fernández como Consejero
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; Valentín
Almansa Sahagún como Consejero de Ganadería, Agricultura
y Pesca; Serafín Fernández Escalante y Moreno como
Consejero de Economía, Hacienda y Comercio; y Ramón
Teja Casuso como Consejero de Cultura, Educación y Deporte.
Quizás a modo de conclusión
baste subrayar el alto grado de consenso alcanzado entre los habitantes
de esta tierra y sus dirigentes sobre la vitalidad de conseguir
un estatuto. Los requisitos que exigía la CE para ello
fueron superados con creces, ya que se superó la cifra
de los 67 ayuntamientos siendo 85 los que se declararon oficialmente
a favor de la petición de autonomía. Estos 85 municipios
representaban a más del 95% del censo electoral (encontrándose
entre ellos los más poblados de Cantabria: Santander, Torrelavega,
Reinosa, Piélagos, Camargo, Astillero, Santoña,
Laredo y Castro), tal y como exigía la ley. Además,
para mayor evidencia, la CE fijaba un plazo de seis meses para
completar los trámites que una región necesitaba
para convertirse en CCAA. En Cantabria apenas se empleó
un mes y medio. Todo ello en conjunto explica que la nuestra fuese
una de las primeras CCAA en constituirse como tal. Cuando el Estatuto
sea definitivamente aprobado el 15 de diciembre de 1981 y sancionado
por el Rey el 30 del mismo mes, Cantabria se convertirá
en la sexta comunidad en acceder a su autonomía, después
de Catalunya, Euskadi, Galiza, Andalucía y Asturies.
Ahora lo único que restará
por hacer para consolidar el largo y tortuoso proceso de autonomía,
será esperar a las primeras elecciones autonómicas,
convocadas para el 9 de mayo de 1983, y de las que saldrá
la composición de la primera Asamblea Regional elegida
por l@s ciudadan@s de Cantabria. Hasta entonces, la vida política
del país nadará aún entre aguas turbias que
tratarán de aprovechar las corrientes opuestas al estatuto
para erigirse en representantes de una autonomía a la que
siempre habían desdeñado. La clave para ellos será
"asegurar la gobernabilidad de Cantabria".
NEL HORGA GONZÁLEZ
Licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria
SIGLAS
.ACECA: Asociación Cantabria en Castilla.
ADIC: Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria.
ADM: Asociación Democrática de la Mujer.
AFEVIC: Asociación de Afectados por la Vivienda de Cantabria.
AID: Agrupación Independiente de Derechas.
AP: Alianza Popular.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CAC: Comunidad Autónoma de Cantabria.
CCAA: Comunidad(es) Autónoma(s).
CCJ: Concejo Cántabro de la Juventud.
CCOO: Comisiones Obreras.
CE: Constitución española.
CSUT: Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores.
FE-a: Falange Española auténtica.
FE-i: Falange Española independiente.
FPD: Federación Popular Demócrata.
ICU: Izquierda Castreña Unida.
ID: Izquierda Democrática.
MCC: Movimiento Comunista de Cantabria.
ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores.
OUAC: Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria.
PCE: Partido Comunista de España.
PNC: Partido Nacionalista Cántabro.
PRC: Partido Regionalista de Cantabria.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
PSOE-h: Partido Socialista Obrero Español histórico.
PSP: Partido Socialista Popular.
PTC: Partido del Trabajo de Cantabria.
PTE: Partido de los Trabajadores de España.
SCT: Sindicato Cántabro de Trabajadores.
SDGM: Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses.
SUC: Sindicato Unitario de Cantabria.
UCD: Unión de Centro Democrático.
UGAM: Unión de Agricultores y Ganaderos Montañeses.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UJM: Unión de Juventudes Maoístas.
UNE: Unión Nacional Española.
BIBLIOGRAFIA
ADIC 1976-1986. 10 años por Cantabria
(Revista de ADIC). Ed. ADIC, Santander.
ALEGRÍA FERNÁNDEZ, Manuel (1990): Presencia e influencia
de ADIC en la historia de Cantabria. Tantín, Santander.
MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito (1986): Crónica del regionalismo
en Cantabria. Tantín, Santander.
NUÑEZ SEIXAS, Xosé M. (1998): Movimientos nacionalistas
en Europa. Siglo XX. Síntesis, Madrid.
PASTOR MARTÍNEZ, José M. (1998): Con la tierra.
Aproximación a Cantabria. Ed. El autor, Santander.
PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio y REVILLA ROIZ, Miguel Ángel
(1981): Temas de Cantabria. Historia, Economía. Ed. Los
autores, Santander.
VV.AA. (1999): I Encuentro de Historia de Cantabria. Volúmen
II. Universidad de Cantabria. Santander.
